Encarcelamiento masivo y crimen organizado en América Latina: El Salvador y Ecuador como casos de estudio comparados
El presente reporte analiza la eficacia del encarcelamiento masivo como estrategia de seguridad frente al crimen organizado en América Latina, tomando como casos de estudio a El Salvador bajo la presidencia de Nayib Bukele (2022–2026) y a Ecuador bajo la presidencia de Daniel Noboa (2024–2026). A través de un análisis comparado de indicadores de violencia, estructura criminal, capacidad estatal y marcos normativos, el reporte evalúa las condiciones bajo las cuales esta estrategia produce resultados sostenibles —y aquellas bajo las cuales fracasa.
Los hallazgos centrales del análisis son los siguientes:
El Salvador registró en 2025 solo 82 homicidios (tasa: 1.3/100K), el mínimo histórico desde que existen registros sistematizados, consolidando una reducción superior al 98% desde 2015 .
Ecuador, en contraste, cerró 2025 con 9.216 homicidios (tasa: 50.9/100K), el máximo histórico en la historia reciente del país, a pesar —o como consecuencia— de la militarización penitenciaria y los sucesivos estados de excepción.
La diferencia entre ambos casos no reside en la intensidad de la respuesta estatal, sino en las condiciones estructurales que la preceden: la cohesión del crimen organizado, el grado de control territorial previo del Estado y la arquitectura institucional del sistema penitenciario.
El encarcelamiento masivo es una condición necesaria pero insuficiente: produce resultados únicamente cuando opera sobre estructuras criminales centralizadas y jerárquicas, y cuando el Estado mantiene suficiente capacidad de monopolio territorial para evitar la reconfiguración criminal.
En ausencia de estas condiciones, como evidencia el caso ecuatoriano, la estrategia genera fragmentación criminal, proliferación de nuevos grupos armados, corrupción institucional migrada y una crisis penitenciaria agravada.
El reporte concluye con un conjunto de recomendaciones de política para los gobiernos de la región, organismos multilaterales y actores de la sociedad civil, orientadas a superar la falsa dicotomía entre mano dura y garantismo, y articular respuestas de seguridad que sean simultáneamente efectivas, sostenibles y compatibles con el Estado de derecho.
